Así pervirtió Consuelo Porras a la FECI

Ilustración: Daniel Lux

Le tomó dos años completos a la fiscal general Consuelo Porras, pero finalmente lo logró. Transformó la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de ser el equipo de investigadores más exitoso de todos los tiempos en combatir la corrupción y la perversión de las instituciones públicas, a una unidad que no solo frenó los casos contra estructuras criminales poderosas, sino también los manipuló para favorecer a sus aliados políticos. 

Texto de Cristian García y Andrés García
Edición de Juan Luis Font

Peor aún, la FECI se convirtió en la sección del Ministerio Público más utilizada, aunque no la única, para perseguir a quienes investigaron y procesaron penalmente la corrupción en el país. Y es la dependencia que más ha insistido en cuestionar el proceso electoral que dejó como vencedor al Movimiento Semilla, un partido político que critica la corrupción y la impunidad. 

Surgida como entidad de enlace de trabajo y operativización de las causas investigadas por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la FECI terminó desnaturalizada.

El 17 de mayo de 2018, Consuelo Porras, nombrada por el expresidente Jimmy Morales asumió la fiscalía general de la República, ante la expectativa que generó el anuncio de la no renovación de la CICIG. Aunque en esa época hubo un murmullo sobre la alianza de Consuelo Porras con los intereses de un sector aliado a la corrupción, este no tuvo tanto eco.

Durante sus primeros meses en el cargo, Consuelo Porras fue apodada “la vigilante”, ya que, parecía solamente moverse con la inercia del funcionamiento del Ministerio Público. Fue hasta el 19 de marzo de 2019 cuando Melvin Medina, uno de sus fiscales afines, solicitó girar orden de captura en contra de Thelma Aldana.

Los señalamientos públicos se concentraron en el fiscal Melvin Medina y el juez Víctor Cruz, quien solicitó la captura de la exfiscal general. En ese tiempo, poca gente dirigió la mirada hacia Consuelo Porras como una de las encargadas de iniciar ese debilitamiento del Ministerio Público.

Lo primero que cambió en la fiscalía cuando Consuelo Porras llegó a la jefatura del Ministerio Público para sustituir a Thelma Aldana fue  la forma de trabajo. Hasta entonces, la FECI había sido el epicentro de la lucha contra la corrupción y los fiscales trabajaban afanosamente en sus casos.

Había varios filtros por superar previo a que el expediente fuera operativizable: después de conseguir la aprobación del agente fiscal y del jefe de la fiscalía, Juan Francisco Sandoval, el equipo de investigadores subía octavo nivel del edificio del barrio Gerona para conseguir la aprobación de la Fiscal General, previo a pasar a capturar y presentar a los sospechosos ante la justicia.

“Se le exponía los casos a Thelma Aldana y ella daba el banderazo de salida casi de inmediato. El jefe de la agencia fiscal ya había dado su visto bueno y el jefe de la FECI, igual. La fiscal general escuchaba y aprobaba. Nunca rechazó un proceso”, expresa uno de los fiscales asignados a esa unidad que prefiere guardar su nombre.  Este agente fiscal fue luego criminalizado por investigar las denominadas “Comisiones Paralelas 2020”, un caso que revisa las trampas en la nominación de candidatos a magistrados de cortes de justicia.

Sin embargo, con Consuelo Porras la dinámica al principio no solo parecía ser retardataria, sino que con el tiempo llegó a ser incluso manipuladora. Para muestra, ese caso de las Comisiones de Postulación que fue develado en 2020 y fue utilizado por Porras para incidir en otro evento relevante de ese año: la elección de los integrantes de la Corte de Constitucionalidad.

En víspera de las votaciones para elegir al magistrado titular para ese tribunal en el Colegio de Abogados, Consuelo Porras les dijo a quienes le presentaban sus hallazgos: “a mí el que me interesa es Estuardo Gálvez. Si solo tienen información sobre él, con ese nos vamos. Esto tiene que salir antes del viernes y no me importa si lo van a detener al Parque de la Industria o al Club La Aurora”, sostienen dos ex trabajadores  de la FECI.

Estuardo Gálvez, antiguo decano de la Facultad de Derecho y exrector de la Universidad de San Carlos, encabezaba a una corriente de abogados que lo hacía un candidato formidable para ese puesto. Su contendiente, el magistrado de la Corte Suprema Néster Vásquez Pimentel, tenía menos probabilidades de obtener el cargo si Estuardo Gálvez competía con toda su fuerza. 

Por eso, la orden de captura solicitada por la FECI en contra del exrector y otras siete personas por el caso Comisiones Paralelas 2020 lo debilitó fatalmente, más cuando esta se buscó ejecutar el 26 de febrero de ese año: la misma fecha en la que se llevó a cabo la primera vuelta en el Colegio de Abogados. Néster Vásquez Pimentel resultó electo; Gálvez tuvo que declinar a competir en el balotaje; y Consuelo Porras se anotó un logro.

Los inicios de Consuelo Porras en el Ministerio Público fueron relativamente normales para el personal de la FECI. Empezó visitando cada agencia, se presentaba y pedía un resumen de los casos que llevaba cada auxiliar fiscal, nombres de sindicados, un sumario del hecho delictivo bajo investigación, la etapa en la que se encontraba el proceso si este ya había sido judicializado y las diligencias realizadas.

Ella escuchaba atentamente las explicaciones y sus asesores tomaban nota de todo lo que se decía. Pero pronto empezaron a llegar circulares o memorandos a las agencias fiscales, en los cuales solicitaba información detallada y por escrito. Posteriormente, cada agencia comenzó a subir a su despacho. Fue entonces cuando surgió la primera señal de alarma para los miembros de la fiscalía.

Hubo presiones en contra del fiscal Andrei González, primero para retrasar y luego detener la persecución en contra de Sandra Torres, del partido Unidad Nacional de la Esperanza, señalada en un caso de financiamiento electoral irregular. Era 2019 y Andrei González vio con extrañeza que la Fiscal General tuviera dudas en el primer caso que le presentó.

González estaba acostumbrado a recibir opiniones técnicas y fundamentadas para mejorar sus investigaciones, por lo que consideró que Consuelo Porras no tenía las mismas capacidades que sus antecesoras, pero creyó que la situación mejoraría en el camino. No fue así.

Andrei González explicó que para octubre de 2018 ya tenían avanzada la investigación al 90 por ciento, por lo que se reunieron con Consuelo Porras para presentarle los resultados y comenzar a judicializar el caso sobre el financiamiento ilícito de la Unidad Nacional de la Esperanza.

Cuando aún era fiscal, Andrei González fue citado por Consuelo Porras a su despacho para cuestionarlo sobre un oficio que él envió como respuesta y que generó que en redes sociales se señalara a la fiscal general de proteger a Sandra Torres. Quien hizo público este memorial fue Ricardo Méndez Ruiz, el Presidente de la Fundación contra el Terrorismo, convertido luego en aliado de la fiscal Porras.

Andrei González decidió grabar la conversación. En la reunión, el fiscal dice que el memorial fue un extracto de un informe que envió a la Fiscalía de Asuntos Internos a raíz de una investigación por una denuncia planteada en su contra.

La fiscal general le solicita a Andrei González que le envíe los seis informes que envió porque considera que la información en los mismos no era real. Andrei González le explica que el caso contra Sandra Torres se deriva de la investigación de Traficantes de Influencias, por lo que la misma comenzó en 2018 y ella fue la única fiscal general en conocerlo.

Poco después González presentó su renuncia y salió del país. Una vez resguardada la integridad del fiscal, presentó la denuncia contra Consuelo Porras y el secretario de Política Criminal, Julio César Cordón.

González presentó una amplia descripción de los hechos ante el propio el Ministerio Público y entregó copia del audio grabado. La denuncia fue archivada.

Primero, fue el caso del partido verde. Después, el que involucraba al partido Unionista en el manejo de recursos públicos para financiar campañas para la alcaldía metropolitana. Entre los implicados, según la FECI conducida por Sandoval, estaban: Ricardo Quiñónez (jefe edil) y Héctor Cifuentes (vicepresidenciable de Zury Ríos en las elecciones). Andrei González comenta que Consuelo Porras quería que no se accionara legalmente en contra de ellos. Por la insistencia de la CICIG, lo hicieron en 2019. Juan Francisco Sandoval, exjefe de la FECI, recuerda que ella atrasó esa investigación y se tuvo que presentar apenas dos días antes de los comicios generales de aquel año. De esa manera, la jefa del Ministerio Público evitó que la candidatura de Ricardo Quiñónez fuera cuestionada y con la postergación de la judicialización del caso, logró mitigar los daños que el partido Unionista pudo haber tenido en los comicios si la investigación se hubiese dado a conocer con anticipación.

Al principio, Consuelo Porras y su entorno se expresaban positivamente del trabajo de Juan Francisco Sandoval. Incluso, en el marco del Día Internacional contra la Corrupción de 2019, la Fiscal General le entregó un reconocimiento a la FECI por combatir ese flagelo. “Es admirable el esfuerzo y valentía que cada uno de los que integran la fiscalía realizan, comprometidos no solo con el Ministerio Público, sino con toda la población guatemalteca”, dijo la funcionaria en aquella ocasión.

Por supuesto, esas palabras se esfumaron, porque paulatinamente las presiones de Consuelo Porras hacia la FECI se volvieron recurrentes. Juan Francisco Sandoval, quien vive en el exilio, cuenta que hubo múltiples incidentes al respecto con la Fiscal General y uno de ellos estuvo relacionado con uno de los principales colaboradores del Ministerio Público en su administración: la Fundación contra el Terrorismo, la cual impulsa junto al ente investigador múltiples casos de criminalización de operadores de justicia y periodistas.

Ricardo Méndez Ruiz, presidente de esa organización creada por militares veteranos, con vínculos con empresarios y respaldada por múltiples netcenter, había divulgado información reservada en torno a Alejandro Sinibaldi. La decisión judicial sobre ese hecho fue investigar a la Fundación por violar la confidencialidad de los datos. Era una resolución que la sometía a escrutinio, especialmente a su líder, con quien Ángel Pineda –persona de confianza de Consuelo Porras– compartía opiniones adversas hacia Juan Francisco Sandoval.

La orden para investigar a la Fundación fue emitida en 2020 por el entonces juez Miguel Ángel Gálvez, quien además resolvió que debía ser la FECI la encargada de hacer las pesquisas. Eso molestó a Consuelo Porras y quería que Juan Francisco Sandoval denunciara al juzgador, bajo el argumento de que invadía la autonomía del Ministerio Público. El exjefe de la fiscalía no lo hizo, pero sí recibió un oficio de la fiscal general para que, en el plazo de una hora, remitiera el expediente a la Oficina de Atención Permanente, la cual se encargó de reasignar el caso hacia otra sección del Ministerio Público.

En ese mismo 2020, se eligió a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral. La designación se realizó sin sobresaltos con el apoyo de la alianza oficialista en el Congreso, dirigida por el partido del presidente Alejandro Giammattei. No obstante, previo a que se designara a los miembros titulares y suplentes de la autoridad electoral, Consuelo Porras maniobraba para someter a una de las personas elegidas: Blanca Alfaro.

Juan Francisco Sandoval menciona que la fiscal general quería involucrar a la actual presidenta del Tribunal Supremo Electoral en el caso Fénix. El nombre de la funcionaría sí aparecía en la documentación, pero como denunciante, porque Blanca Alfaro fue gerente general del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y advirtió la sustracción de fondos que le pertenecían a la institución.

“(Los asesores de Consuelo Porras) vieron el nombre de ella. Entonces dijeron: ‘ella (Blanca Alfaro) tiene que ver en ese caso’. En sí, tiene que ver, porque ella lo denunció, pero (los asesores) no lo entendían”, agrega el exjefe de la FECI. “(Consuelo Porras) solo quería que se investigara a quien ella quería”, refiere el exfiscal, quien afirma que ella también presionó y tenía mucho interés en que se iniciara un expediente en contra de Ranulfo Rojas, otro de los integrantes del Tribunal Supremo Electoral. La FECI sí pidió el retiro de su inmunidad no porque la Fiscal General lo exigiera, sino porque se encontraron suficientes elementos para presumir que, cuando fue agente fiscal, quiso garantizar impunidad para los implicados en el caso Fénix.

Consuelo Porras, a quien el gobernante Alejandro Giammatei considera como una amiga, se opuso a que la fiscalía a cargo de Juan Francisco Sandoval investigara un caso de presunto tráfico de influencias del gobernante en la compra de medicamentos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). Según Sandoval y sus agentes fiscales, el delito era fácilmente demostrable, pero los esfuerzos para determinarlo se frustraron.

Los asesores de Consuelo Porras promovieron un proceso administrativo para sancionar tanto a Juan Francisco Sandoval como al fiscal encargado porque se le había “faltado al respeto a la investidura del Presidente”. Después de esa acción, las pruebas de la defensa oficiosa de la Fiscal General, silenciando los potenciales casos de corrupción del gobierno, se fueron apilando una a una.

La FECI ya avanzaba en las investigaciones sobre actos de corrupción durante la pandemia del COVID-19 en las áreas de salud de Sololá y Quiché. Había escuchas telefónicas y documentos que probaban la comisión de hechos ilícitos. No obstante, nuevamente, el procedimiento administrativo sancionatorio fue puesto en marcha para repeler las pesquisas. “Entonces, pensé: ya no podemos investigar al Ejecutivo, porque (Consuelo Porras) se enoja”, expresa Juan Francisco Sandoval. 

La jefa del Ministerio Público también se enojó cuando supo de una investigación que realizaba la FECI y alcanzaba a Alejandro Giammattei sobre la recepción de un soborno para financiar su campaña política. Los hechos fueron narrados voluntariamente en la fiscalía por Jorge Baldizón, el denominado “Testigo A”, quien además señaló a Giorgio Bruni, el exsecretario privado del presidente, de estar involucrado en ese hecho ilícito. 

Porras comenzó a llegar una o dos veces a la semana a la FECI para pedir que se le presentaran los casos que la fiscalía investigaba. Revisaba documentos y le pedía a los fiscales informar ampliamente sobre las diligencias que practicaban, pero los fiscales notaron que ponía mayor interés a las investigaciones que estaban practicando en contra del círculo cercano al presidente.

Más información sobre presuntos actos irregulares del presidente siguieron llegando a la fiscalía, ahora con un testigo que aseguró que empresarios rusos le entregaron un alfombra llena de dinero, con el objetivo de que el Estado les cediera una porción del puerto Santo Tomás de Castilla. El que la FECI tuviera un expediente sobre este hecho, según Juan Francisco Sandoval, provocó más molestia en Consuelo Porras. “Ella no quería que se investigara”, dice el exjefe de la FECI.

La FECI dejó en evidencia que era la mejor sección del Ministerio Público para investigar la corrupción en el país. Incluso, ya había recopilado información sobre posibles actividades ilícitas del círculo de confianza de Consuelo Porras. Eso surgió del caso Operación Lavado de Activos, en el que estaba señalado el controversial abogado Francisco García Gudiel de recibir millones de quetzales, aparentemente, de procedencia ilícita.

El exdiputado y constructor Guillermo Samayoa Soria, fue señalado de cohecho activo y financiamiento electoral ilícito, por lo que el abogado García Gudiel le dijo que depositara todo el dinero a sus cuentas y así evitar un embargo. Samayoa finalmente denunció la situación porque temía que el abogado se apropiara de su dinero.

“Fue un gran lío”, explica Juan Francisco Sandoval. El exjefe de la FECI expuso que se extrajo información del teléfono de Francisco García Gudiel y allí constaba que desde el despacho de la fiscal general se vendía información a los abogados y se les anticipaba los movimientos de la fiscalía. Después, el abogado Marco Aurelio Alveño fue a declarar a la FECI y reveló quién revelaba la información.

Alveño dijo tener documentadas las filtraciones de información a cambio de comisiones pagadas a Claudia Paola Mansilla Figueroa de Morán, exasistente de Héctor Aníbal De León Velasco, uno de los asesores de la Fiscal General, Consuelo Porras. “(La fiscal general) se enojó”, recuerda Juan Francisco Sandoval.

Este expediente, al igual que el del Testigo A y el de la alfombra entregada por los rusos, estaba asignado a la Agencia 8 de la FECI. La jefa del Ministerio Público, tras notar que Juan Francisco Sandoval cuestionaba sus decisiones, empezó a crear un mecanismo para controlar esa agencia y enterrar, principalmente, las investigaciones relacionadas con Alejandro Giammattei. Fue así como decidió darle un ascenso a Carlos Videz, el director de la Agencia 8, al que convirtió en jefe de la intrascendente Fiscalía de Ejecución.

Una vez dado el primer paso, la Fiscal General citó a Juan Francisco Sandoval, Cinthia Monterroso y Pedro Otto Hernández, a quien se atribuye cercanía a Consuelo Porras y quien auxiliaba en las investigaciones a Cinthia Monterroso en la Agencia 9 de la FECI. La junta tenía un interés marcado y la instrucción que en esta se dio fue la siguiente: que los casos de Carlos Videz se le entregaran a Cinthia Monterroso.

Había información delicada en esas carpetas y Juan Francisco Sandoval no confiaba en Cinthia Monterroso, a quien ya había denunciado por malas prácticas como investigadora. La respuesta del entonces jefe de la FECI a la directriz de la fiscal general fue la objeción, una facultad que le otorga la Ley Orgánica del Ministerio Público a sus trabajadores para oponerse a una instrucción por considerarla contraria a la ley.

El haberlo hecho provocó que Consuelo Porras lo destituyera, aunque ella públicamente expresó que era porque había sufrido “vejámenes” y “perdido la confianza” en él. Era  el 23 de julio de 2021 y Juan Francisco Sandoval salió al exilio. Fue rápidamente sustituido por Carla Valenzuela, fiscal asignada a la Unidad de Métodos Especiales. Tras ser presentada ante el equipo de la FECI, Carla Valenzuela empieza a citar a cada uno de los agentes fiscales.

“En ningún momento voy a obstaculizar las investigaciones que están realizando”, les dijo  y les pidió que continuarán con el trabajo como lo venían haciendo. “Yo no haré nada ilegal”, expuso Carla Valenzuela, quien también les expresó a los agentes fiscales que reconocía la labor que estaba realizando la FECI. Quienes trabajaron con ella, dicen que fue respetuosa y les mencionó que no iba a cumplir la orden de enviarle a Cinthia Monterroso los casos que a Consuelo Porras le interesaban.

Valenzuela fue sustituida del puesto apenas unos días después de su nombramiento. Para principios de agosto de 2021, el Ministerio Público anunciaba que el nuevo jefe de la FECI era Rafael Curruchiche. Curruchiche no había llenado los requisitos para convertirse en Jefe de Sección y Consuelo Porras hubo de promover que se modificara un reglamento para hacerlo apto, al menos en el papel, para el cargo.  Comenzaron cambios profundos en la fiscalía. Dos años más tarde la fiscal Monterroso fue incluida por Estados Unidos en la Lista Engel por considerarla una operadora corrupta y antidemocrática (títulos que comparte con Consuelo Porras).

La FECI era una dependencia a la que muy pocos querían llegar. Le temían, cuando era dirigida por Juan Francisco Sandoval, por el nivel de exigencia que requerían las investigaciones. Asimismo, llegar a esta sección del Ministerio Público les daba una mayor exposición a represalias. El peligro era latente, pero quienes trabajaron en esa antigua fiscalía apreciaban estar en este lugar, pese al contexto adverso que lo rodeaba.

Los agentes fiscales y auxiliares fiscales eran experimentados. Habían hecho una carrera en el Ministerio Público y eran sometidos a pruebas rigurosas de confidencialidad, previo a que pudieran lograr un puesto en la fiscalía. La salida de la CICIG no impidió que la FECI continuara revelando estructuras criminales, gracias a la calidad de su personal. De hecho, Juan Francisco Sandoval reiteraba que su unidad no era un lugar para aprender.

Con la llegada de Consuelo Porras, los procedimientos de selección se perdieron y, en lugar de personal de confianza de Juan Francisco Sandoval, empezó a imponer en la FECI a varias personas. Para muestra, Pedro Otto Hernández, su presunto ahijado (aunque la Fiscal General asegura que esto es falso); o Evelyn del Carmen Flores Cisneros, amiga del magistrado constitucional Rony Eulalio López y quien fue la mano derecha de Consuelo Porras por algunos años en el Ministerio Público. Eso, aunado al nombramiento de Rafael Curruchiche, provocó un giró al enfoque laboral de la FECI: de combatir la corrupción a denunciar a quienes la evidenciaron; de poner en el estrado a figuras políticas prominentes señaladas de cometer actos ilícitos a buscar mecanismos para beneficiarlas; de ser una dependencia reconocida por su buen trabajo a ser una unidad cuestionada por efectuar acciones antidemocráticas.

Es más, si antes los fiscales temían llegar a la fiscalía por lo exigente del trabajo, ahora no quieren que se les traslade a este lugar por el tipo de casos y acciones que promueve. Eso ha llevado a que oficiales como Wendy Marisol Jordán Virula o Milton Adán Pérez Romero sean rápidamente ascendidos a auxiliares fiscales, pese a tener escasa experiencia sobre cómo se trabaja una investigación. Incluso, hay investigadores como Boniek Alexander Maldonado Chacón y Edwin Alexander de León Menchú que, sin tener carrera fiscal, ya son parte del malogrado equipo de la FECI.

“Nuestro trabajo era desarticular redes políticas-económicas-ilícitas, estructuras enquistadas en el Estado. Ahora, se dedican a boicotear los mismos casos que tiene la fiscalía y, con ese pretexto, no pelean por ellos y los utilizan para perseguirnos a quienes los investigamos”, indica Juan Francisco Sandoval. Un ejemplo es el caso Periodistas, en el que la FECI de Rafael Curruchiche no llevó toda la prueba al debate, cerraron el caso a favor del exdiputado Julio Juárez y el Ministerio Público inició una persecución en contra de quienes realizaron la pesquisa. También sucedió con el caso de Blanca Stalling. La exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia fue librada de los cargos. En lugar de que la FECI impugnara el fallo del juez Víctor Cruz, se giraron órdenes de captura en contra de Juan Francisco Sandoval, Siomara Sosa y Claudia Gónzalez a solicitud de la Fiscalía de Asuntos Internos. “En el caso Odebrecht, la pena de la FECI fue revocar los convenios de colaboración eficaz y ya no persiguieron a 107 personas que recibieron sobornos”, subraya el exjefe de la FECI.

Juan Francisco Sandoval afirma que no hay una buena dirección en la FECI con Rafael Curruchiche al mando y agrega que el personal que llegó a la fiscalía ya tenía la instrucción de perseguir a los anteriores integrantes de la sección. “Ya no hay mística de trabajo”, apunta. De hecho, quienes han trabajado con Rafael Curruchiche han descrito la experiencia como “horrible”.

Algunos de ellos, califican a Rafael Curruchiche como una persona que no inspira confianza y que se “dormía” cuando tenían reuniones para dialogar sobre las acciones a tomar en un proceso penal. Previo a su llegada a la FECI, él obtuvo poco éxito. Estuvo a cargo del caso que involucraba a cinco empresarios de los grupos más poderosos de Guatemala en supuestas irregularidades para financiar el partido FCN-Nación, pero no logró que se les condenara.

Muchos lo han definido como una persona “resentida” que celebraba los “fracasos” del equipo de Juan Francisco Sandoval y aseguraba que en la Fiscalía contra Delitos Electorales, en donde trabajaba, no se hacían “shows” como los del “nivel cuatro” (en donde está la FECI). Pese a su patente desprecio hacia la FECI, aceptó el puesto para dirigirla cuando se lo ofreció Consuelo Porras.

Al llegar al cargo pidió un informe sobre todos los casos. Fue la primera operación de Rafael Curruchiche y ya generaba suspicacia. Y es que él, tras hacer un “análisis” de lo que se le había remitido, decidió abruptamente reasignar algunas investigaciones. En ese contexto, el extenso caso Comisiones Paralelas 2020 se le trasladó al recién ascendido como agente fiscal Pedro Otto Hernández; y el apetecido caso Odebrecht se le entregó a Vilma Pérez, quien fue nombrada inicialmente como fiscal especial. Esa acción tuvo un efecto inmediato: impunidad para los involucrados.

En el primero, la FECI ya tenía preparado accionar en contra de varios abogados prominentes, pero con Rafael Curruchiche ya no hubo avances en las indagaciones. En el segundo, Alejandro Sinibaldi y Manuel Baldizón lograron salir de prisión sin oposición de la fiscalía. Progresivamente, fueron saboteados otros casos como el Comisiones Paralelas 2014, Plazas Fantasma, Manipulación de Justicia y Operación Lavado de Dinero. Los casos contra el presidente Alejandro Giammattei fueron olvidados y las investigaciones sobre corrupción o financiamiento electoral ilícito, por ejemplo, dejaron de ser recurrentes en las labores diarias en la FECI, al ser sustituidas por pesquisas contra operadores de justicia, periodistas y opositores al régimen.

Para el constitucionalista Gabriel Orellana hubo dos factores que cambiaron drásticamente la orientación de la FECI. El primero, la conclusión de la cooperación de Guatemala con la Organización de Naciones Unidos en torno al mandato de la CICIG. Los implicados en terminar con esa colaboración, según el abogado, tenían interés en hacer una purga de aquellos que consideraban los herederos intelectuales de la Comisión, lo cual llevó al segundo factor: “anular completamente todo cuanto se había conseguido con esta”.

El entrevistado indica que, tras la salida de la CICIG, Juan Francisco Sandoval se quedó solo y, a partir de entonces, su fiscalía venía en declive. “Desde ese instante, él ya estaba en desventaja”, añade. Además, Orellana refiere que si bien al exfiscal y a la CICIG se le achacaban luces y sombras, la FECI actual es “poco independiente”, “demasiada sesgada en favor del Ejecutivo” y hasta ha tenido “injerencia en temas electorales”.

Respecto a Consuelo Porras, el constitucionalista expuso que “no hay duda” que su gestión deja más sombras que luces. “La personalidad de la fiscal general no es muy atractiva y simpática para la opinión pública. Esto, indudablemente, ha generado desmotivación en algunas fiscalías”, expresa Orellana, quien señala que ella “nos ha puesto en un problema muy grave desde la perspectiva internacional (por lo sucedido en el tema electoral)”.

Para este reportaje se le consultó al Ministerio Público sobre cuál era su postura en torno a las afirmaciones de que se ha debilitado a la FECI que dirige Rafael Curruchiche; si considera adecuada la continuidad que se le ha dado a los casos presentados por su antecesor; por qué hubo un cambio de enfoque en el tipo de persecución penal que tenía la fiscalía; y su opinión sobre los señalamientos de que esta unidad de investigación es servil a los intereses del gobierno de Alejandro Giammattei. Sin embargo, no respondió a los cuestionamientos.

Las investigaciones de la FECI pasaron de sustentarse con interceptaciones telefónicas y otros métodos especiales de investigación a basarse en vídeos de redes sociales o capturas de pantalla de tuits o notas de prensa. Por cierto, para Rafael Curruchiche pasó a ser un crimen una noticia, una opinión o un chat. Lo que antes parecía impensable para respaldar una pesquisa, con él se convirtieron en las pruebas reinas de los casos. Entre ellas, se encuentran las siguientes:

Acuerdos Fraudulentos: Se giró una orden de captura a David Gaitán, exmandatario de la CICIG, por recibir varios emails relacionados con el caso Odebrecht. En ese mismo expediente, la fiscalía persigue a Thelma Aldana, a su exsecretaria Mayra Véliz, a Juan Francisco Sandoval y a las exfiscales Siomara Sosa y  Amy Girón, porque supuestamente cometieron errores en el proceso de elaboración de los acuerdos de colaboración eficaz, que paradójicamente permitieron que tres personas fueran condenadas y varias más resultaran procesadas penalmente.

Cooptación y Corrupción Judicial: Se criminalizó a Leydi Santizo por supuestamente obstruir la justicia, luego de que se localizaron mensajes cruzados con Juan Francisco Sandoval, a quien asistía legalmente. En el chat, el exjefe de la FECI le pedía procurar casos en los cuales se encuentra señalado y eso fue suficiente para que se giraran órdenes de captura en contra de ambos. Este hecho forma parte de una segunda etapa de la “pesquisa”, ya que en la primera se había perseguido a Leydi Santizo y Siomara Sosa.

Jose Rubén Zamora: Este caso en contra del fundador de elPeriódico fue fabricado en apenas 48 horas, tiempo en el que la fiscalía le formuló imputaciones por lavado de dinero u otros activos, chantaje, tráfico de influencias, proposición y conspiración para el lavado de dinero. El expediente sirvió para perseguir a tres abogados del periodista, quien tuvo que ser auxiliado por un defensor estatal hasta el término del proceso penal.

Periodistas de elPeriódico:  La publicación de notas periodísticas y columnas de opinión que hacían énfasis en las falencias de la investigación de la FECI previo a detener a Jose Rubén Zamora, fueron motivos suficientes para que la fiscal Cinthia Monterroso (amparada por Rafael Curruchiche) iniciaran pesquisas en contra de periodistas y columnistas que salieron al exilio, sin tomar en cuenta la protección a la libertad de expresión establecida en la Constitución y la Ley de la Libre Emisión del Pensamiento.Corrupción Semilla: La investigación en contra del partido político Movimiento Semilla parte de la denuncia por una firma falsa en las hojas de adhesión del partido. Se convirtió, según Rafael Curruchiche, en el hallazgo de infinidad de afiliaciones fraudulentas, pese a que no contaba con dictámenes forenses que respaldaran sus palabras. El caso se ha unido al que se sigue por presunto fraude electoral. La fiscalía secuestró actas electorales. El Tribunal Supremo Electoral rechaza los señalamientos de fraude. 

La FECI actualmente está conformada por doce agencias, entre ellas una especial y una en Quetzaltenango. En cada agencia hay un equipo que se encarga de hacer la investigación. Los equipos son coordinados por un agente fiscal, quien se apoya en diversos auxiliares fiscales. Lo que los diferencia, es que el agente fiscal ya posee el título de abogado y puede defender una investigación ante los tribunales. Mientras que los auxiliares fiscales pueden o no ser abogados, pero sí tienen la oportunidad de intervenir en las diligencias de investigación, bajo la supervisión de su agente fiscal.

Para este reportaje se identificaron a 41 personas que, entre el 3 de agosto de 2021 y el 15 de septiembre de 2023, trabajaron por lo menos un año con Rafael Curruchiche. Hay personal que formó parte de la FECI de Juan Francisco Sandoval y efectivamente desarrollaron casos de alto impacto. Ellos se identificarán con un cuadro celeste. Se excluye a Pedro Otto Hernández y a Evelyn del Carmen Flores Cisneros, quienes trabajaron poco tiempo con el exfiscal. Hay otros que ya no pertenecen al equipo, ya sea por renuncia, traslado, destitución o ascenso; tales situaciones se resaltarán con amarillo. Es necesario resaltar algunos de los motivos por los cuales se quedó una alta cantidad de investigadores de la antigua FECI trabajando en este lugar, según personas que conocen la situación, es porque no tienen una alternativa laboral y pedir el traslado hacia otra dependencia es arriesgado, ya que implicaría ser enviado a un lugar remoto como medida de venganza.

La información de la estructura que ha dirigido Rafael Curruchiche se describe a continuación. Para recopilarla, se recurrió a fuentes internas y externas del Ministerio Público, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, la Superintendencia de Administración Tributaria y el Registro Nacional de las Personas.

Rafael Curruchiche empezó a figurar en la palestra cuando integraba la Fiscalía de Delitos Electorales. Tuvo a su cargo los casos, por ejemplo, del diputado Orlando Blanco y el de los empresarios que financiaron al partido de Jimmy Morales. En ninguno consiguió condena. Debido a su poca preparación al momento de defender la investigación sobre los fondos recibidos por FCN-Nación, posiblemente de manera ilícita, la entonces jueza Erika Aifán ordenó que se le investigara por su incompetencia.  Por aparte, su hermana Rosalia Curruchiche está vinculada al partido Vamos; mientras que su hermano Rolando Curruchiche tiene formación militar.

En la dirección de la FECI, Rafael Curruchiche es apoyado por Ruth Patricia Arrazola González, quien fue nombrada por la fiscal general Consuelo Porras como subjefa de la unidad. Llegó procedente de la Fiscalía Liquidadora. Si bien para este reportaje no se mencionarán a los oficiales (que hacen labores administrativas), sí vale mencionar el papel de Karin Maribel Reyes Orantes, quien posee una relación sumamente estrecha con Rafael Curruchiche. Ella participó en el allanamiento en el que la fiscalía despojó al Tribunal Supremo Electoral de las actas que contienen los resultados de los partidos políticos en las elecciones generales del 25 de junio.

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Las cinco fases de la reconversión de la FECI

Este reportaje se desarrolló con fondos del International Center for Journalists (ICFJ) y contó con el soporte y acompañamiento de la Red Centroamericana de Periodistas y el movimiento NoNosCallarán.