Pagos a periodistas

Alcaldes, gobernadores y la práctica habitual de sobornar periodistas

Ilustración: Daniel Lux

Funcionarios y periodistas de siete departamentos aceptan que los sobornos a reporteros a cambio de coberturas favorables se han normalizado en buena parte de Guatemala. La práctica se intensifica en años de campaña y quienes rechazan los pagos denuncian que enfrentan obstáculos para seguir informando.

Mirna Alvarado

texto de Mirna Alvarado
edición de josé luis sánz

Han pasado más de diez años, pero María José Longo lo recuerda con toda claridad: llevaba poco tiempo ejerciendo el periodismo cuando el exalcalde de Zunil, José María Chay Quiej, intentó sobornarla.

“Mi compañero fotógrafo y yo fuimos al municipio para entrevistar al entonces alcalde, porque había sido denunciado por vecinos. Después de la entrevista, que fue en su despacho, él sacó del bolsillo un manojo de dinero y nos dijo: ‘tomen para las agüitas’”, recuerda Longo, que ahora trabaja para el medio independiente Agencia Ocote. “Calculo que eran unos Q200 o Q400 (entre 25 a 50 dólares)”, dice. Corría 2012 y Chay Quiej militaba en el partido GANA.

“Nosotros nos retiramos y le hice ver al alcalde que eso era un acto de corrupción”, dice la periodista. “En eso el asesor nos pidió disculpas a nombre del alcalde, diciendo que (la entrega de dinero) era algo que normalmente pasaba después de cada entrevista”.

Hasta 18 periodistas de siete departamentos consultados sobre el tema lo confirman. El pago por parte de funcionarios públicos o candidatos, a cambio de coberturas favorables o para garantizar que ciertas críticas o denuncias no se difundan, es aún habitual en muchos municipios de Guatemala. También los alcaldes lo admiten. En el caso de periodistas locales o comunitarios, el soborno toma muchas veces la forma de un goteo rutinario de cantidades pequeñas de dinero.

El exalcalde de Zunil José María Chay Quiej, durante una reunión proselitista del partido Cabal, organización con la que intentó volver a la municipalidad en las pasadas elecciones.

Foto de Mirna Alvarado – Ojoconmipisto.

José Martín Racancoj, de 30 años, originario de Quetzaltenango asegura que vivió múltiples intentos de soborno cuando trabajaba para el periódico El Quetzalteco. “Hace unos ocho o nueve años quizá”, dice, “Cuando empecé a hacer coberturas municipales comunitarias me pasó en Olintepeque, en San Carlos Sija, en Almolonga, San Francisco la Unión, Concepción Chiquirichapa, Huitán, Cabricán…”.  

“No recuerdo el nombre del alcalde que estaba en 2008 en Olintepeque, pero me dio la mano para despedirse y tenía dinero”, cuenta Racancoj. “Al percatarme le solté la mano y le agradecí, pero le dije que yo ya recibía un salario por mi trabajo”.

Aquel alcalde era Cruz Celidón Chávez e iniciaba su segundo mandato en ese municipio. Había llegado al cargo en 2004 con el Frente Republicano Guatemalteco (FRG) y se reeligió en 2007 con la Unidad del Cambio Nacional (UCN).

Celidón Chávez acepta que “en ocasiones daba dinero a algunos periodistas”, pero alega que su intención no fue comprar voluntades, sino “agradecer el tiempo y dedicación que invierten los reporteros” para llegar a su localidad. Olintepeque está a 58 kilómetros de la cabecera departamental.

“Yo creo en la regla divina de dar y recibir”, afirma el exalcalde. “Nunca quise ofender a alguien sino por el contrario ayudar, sin pedir nada a cambio”, dice. 

José María Chay Quiej, aunque dice no recordar el encuentro con Longo, también admite que cuando era alcalde de Zunil daba “una gratificación” a los reporteros, una práctica que según él aprendió con otros políticos. “La intención era agradecer su tiempo e incentivar especialmente a aquellos que venían de lejos, para que nos cubrieran no solo cuando había actividades especiales o problemas”, dice Chay. 

Emma Gómez, periodista freelance basada en Totonicapán, afirma que también a ella varios alcaldes del departamento le ofrecieron un pago a cambio de coberturas. En una ocasión, cuenta, Augusto Boris Estuardo Quiñonez Hernández, exalcalde de Momostenango (2016-2020) dejó caer unos billetes en su bolso. “Cuando reaccioné retiré el dinero y se lo devolví”, asegura. “Le expliqué que me había ofendido con su actitud. Eran aproximadamente Q300 (US$38)”.

“‘Entonces, si no recibe el dinero, acepte un café, un almuerzo’, nos dijo, porque yo iba acompañada. Le respondimos que no, que ya estábamos por retirarnos, y ofreció transporte. Tampoco aceptamos” recuerda Gómez. “De ahí se volvió un poco tosco para responder a mis entrevistas: o contestaba mal o se negaba a atenderme”.

Gómez asegura también que en Momostenango el entonces relacionista público social Hugo Ajanel tenía un listado de todos los periodistas que cubrían la fuente municipal, y después de cada sesión de concejo u otra actividad él era quien se encargaba de entregar los pagos. “En mis primeras visitas a ese municipio él (Ajanel) me pidió anotarme en una lista. Cuando le pregunté de qué se trataba dijo que era la planilla para las cuotas por cobertura. Yo no tenía ningún dispositivo a la mano y no pude hacer una fotografía del documento”, dice la reportera.

Al respecto el exalcalde Quiñonez Hernández dijo que no daría declaraciones debido a que ya no se encuentra al frente de la municipalidad. El que fuera su jefe de prensa, Hugo Ajanel, se negó a responder preguntas sobre el tema, aduciendo que no conocía esos pagos. “Ya ni me acuerdo, ya pasó tiempo”, añadió.

Un integrante de la corporación municipal del actual alcalde de Momostenango, Santiago Vicente Chanchavac, del partido Todos, admite la existencia de ese listado, y dice que los pagos a periodistas se siguen haciendo: “Yo sé que en cada actividad le dan cerca de Q100 o Q200 (US$25) a cada periodista, como incentivo a su labor para informar a la población”, dice.

“Tengo entendido que el dinero no sale de las arcas municipales sino del bolsillo del alcalde, pero eso se viene haciendo desde hace años. Y a quien no acepta simplemente se le restringe la información o no se le invita a las actividades de alcalde o la municipalidad”, cuenta el funcionario municipal.

Se llamó cuatro veces al teléfono celular de Santiago Vivente Chanchavac para conocer postura respecto a los señalamientos de pago de sobornos a periodistas, pero no respondió. También se le dejaron mensajes de voz y se le enviaron mensajes detallando el tema a abordar. No hubo respuesta. Se llamó asimismo a su despacho en la municipalidad, pero la persona que respondió, que sólo quiso identificarse como secretaria de alcaldía, tras conocer el tema a abordar indicó que Vicente se encontraba de descanso por la temporada de fin de año.

Adolfo Leonidas Camas ya está retirado, pero acumuló 35 años de trayectoria en diferentes medios de comunicación radiales e impresos en el departamento de Quetzaltenango. Dice que los sobornos se han enraizado en el gremio con el paso del tiempo. 

“Voy a reservarme el nombre del funcionario, pero fue en septiembre de 1999, para la feria de independencia”, cuenta. “Este personaje se nos acercó para ofrecer un almuerzo, y aceptamos la convivencia, pero ahí vi cómo a otros compañeros se les dio un sobre con dinero. Decían que era ‘su diezmo’”. 

El informador recuerda que en aquella ocasión increpó al funcionario por pagar a periodistas, y este respondió que se trataba de “una muestra de agradecimiento” por el trabajo que realizaban.

Camas, que no ejerce desde hace siete años pero todavía escribe columnas de opinión en el periódico digital Diario Los Altos, recuerda que en la administración del exalcalde de Quetzaltenango Jorge (Mito) Barrientos Pellecer (2004-2016) se organizaban convivencias en fechas especiales como el día del periodista, navidad o año nuevo, y en esas reuniones se comentaba que a algunos colegas se les entregaba un sobre con dinero. 

“Era una táctica que, junto a su carisma, le funcionaba, aunque lo que mejor le resultó por mucho tiempo fue el espacio fijo que tenía en la radio, con el cual tuvo acercamiento con la gente, que no le recriminó las deficiencias administrativas, sino hasta su tercer periodo”, opina el periodista retirado. 

Un grupo de reporteros aborda al alcalde de Quetzaltenango, Juan Fernando López, instantes antes de su ingreso al centro educativo donde emitió su voto el pasado 25 de junio de 2023. López, del Partido Humanista, logró la reelección para un segundo período.

FOTO DE MIRNA ALVARADO.

Lo confirma Francisco Rojas, otro veterano con 48 años de ejercicio porque  fue director de noticias de Stereo 100, la radioemisora a la que hace alusión Camas: “Cuando Barrientos fue alcalde, se difundió un programa de una hora para que él o personal de la municipalidad brindaran información a cambio de no cobrar el arrendamiento de los terrenos municipales donde están  asentadas las antenas de transmisión”. 

Stéreo 100 fue la primera emisora de radio comercial del suroccidente del país. Este año cumplió 41 años y es una de las emisoras con mayor audiencia en la región suroccidente del país.

“Aunque no había injerencia directa del exalcalde en el noticiero, se tenía un filtro para determinar si habría alguna nota que pudiera afectar su imagen o de la municipalidad”, admite Rojas. “En el programa era algo similar, pues se tenía a una persona asignada para evaluar qué llamadas salían al aire”, agrega.

En diciembre de 2018 el Juzgado de Mayor Riesgo de Quetzaltenango ligó a proceso al exalcalde Barrientos, después de que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) lo acusaran  de liderar una estructura criminal integrada por funcionarios municipales, empresarios y otros particulares que otorgara contratos a cambio de millonarias sumas de dinero.

Un concejal de la corporación actual que pide anonimato dice que hace un año otro integrante del concejo pidió un informe con las empresas que tienen antenas de transmisión en terrenos municipales, el monto de los cobros y la posible deuda. 

“Nunca se nos dio la información. El tema quedó estancado a petición del alcalde, quien en reuniones no oficiales del concejo admitió que tenía a varios medios de comunicación bajo su control”, asegura el concejal. 

“La procuraduría de cobros de la municipalidad informó en diciembre de 2022 que tanto Televisión de Occidente (TVO) como Región Más tenían un adeudo por más de Q7 millones con la municipalidad por el uso de postes”, agrega. “Se ordenó el cobro inmediato, pero de nuevo el tema no se volvió a tocar en sesiones del concejo y entendimos lo dicho por el alcalde”. 

Ese alcalde es Juan Fernando López Fuentes, que ganó las elecciones en 2019 con el partido Humanista y se reeligió en junio de este año. 

Mynor Toc, periodista de Prensa Libre y presidente de la Asociación de Periodistas de Quetzaltenango, APQ, lo  acusa además de sobornar a periodistas.

“En eventos públicos donde el alcalde López está presente la cobertura es amplia. Hasta de quienes tienen páginas informativas solo en redes sociales. He visto cuando personal de la municipalidad les entrega dinero”, dice.

Según Toc, López empleó a periodistas que se encargan de perfilar a los reporteros con probabilidades de aceptar el soborno. “Conversamos con los miembros de la Asociación involucrados en esta mala práctica. Se les llamó la atención y algunos renunciaron a la membresía”, asegura. 

“La APQ no puede imponer sanciones porque hasta la fecha sus estatutos no han sido actualizados desde hace 100 años, cuando se fundó la asociación”.  

Toc dice que los señalados son reporteros con más de 10 años de ejercicio que en los últimos años han instado a corromperse a jóvenes periodistas que recién se integran al gremio y “se excusan en que el salario que ganan está por debajo del mínimo, menos de Q2 mil mensuales”. 

A través de una carta entregada a la municipalidad y llamadas a su asesor de comunicaciones, Antonio Uluán, se solicitó la respuesta del alcalde Juan Fernando López a estas acusaciones de pago de sobornos. Al cierre de este reportaje aún no había respondido. Fuera de récord, un miembro de su equipo admite que sí, hay vigente “una tarifa para pagar a los periodistas”.

Con un gesto incómodo, el exalcalde de Quetzaltenango Mito Barrientos admite que su administración daba pagos a periodistas: “Usted sabe que ocurre, pero no se habla abiertamente, al menos no en público”. 

Barrientos también confirma la exoneración del pago de arrendamiento por las antenas de transmisión de Stereo 100 ubicadas en terrenos municipales, a pesar de que, admite, nunca existió un convenio escrito. “Al momento de iniciar mi gestión vi la necesidad de tener un espacio en una radio que tuviese bastante audiencia y así tener una relación permanente con la población”, se justifica. “Le platiqué la idea a don Pepe Ralón y él aceptó darme un espacio todos los miércoles de 7 a 8 am. No se pagaba nada por el programa”. 

Un concejal de oposición en la actual administración municipal confirma que la práctica de sobornar periodistas sigue. “A mí lo que me exaspera es que los periodistas venden su pluma por tan poco dinero”, afirma. “Sé que les dan Q100 (US$12) por cada actividad que cubren. Es como regalar la dignidad”.

Otro alcalde del departamento de Quetzaltenango, que solo habló bajo anonimato, confiesa con cinismo la compra de periodistas: “Eso no se pregunta, los funcionarios no tenemos memoria, es voluntad de uno colaborar con ellos”, dice. “La cantidad es mínima, solo para ayudarles con su transporte o para que se compren una refacción. En promedio serán unos Q50 o Q100 (US$6 o US$25) por persona”

El funcionario acepta que dando dinero garantiza que las noticias incómodas para él no vean la luz. “Además de la seguridad que tengo de lograr difusión masiva de lo que hacemos en la muni”, añade.

Jhony Anona, reportero freelance del departamento de Sacatepéquez, dice que la práctica de los sobornos se ha vuelto común en el interior del país. “Ocurre en todas partes, se ha normalizado no sólo el recibir, sino también el pedir”.

“A mí me lo ofreció una vez un alcalde del que me reservaré el nombre”, cuenta Anona. “Después de una cobertura se acercó y dijo que era para incentivar mi labor. Le rechacé y desde entonces se niega a darme entrevistas, o cuando hay conferencias de prensa o actividades públicas no responde mis cuestionamientos”.

Maynor Sagastume, reportero de radio desde 2005 en Cobán, Alta Verapaz, dice que sucede con alcaldes, gobernadores y hasta diputados. “He visto que pagan entre Q200 a Q300 (US$25 a US$38) por cobertura, ya sea en medios locales o páginas de noticias en redes sociales”, dice. 

“Yo sé de compañeros que reciben hasta Q5 mil (US$638) por transmitir eventos municipales. ¡Incluso tienen contratos directos con las municipalidades y emiten facturas por su cobertura!”, asegura otro periodista de Alta Verapaz que por seguridad pide ocultar su nombre. “Creo que de esa forma disfrazan la ‘fafa’ como publicidad, pero no pueden investigar o dar cobertura a temas que perjudican la imagen de X o Y funcionario”, dijo.

Madelin Velásquez trabaja en un canal de cable de Suchitepéquez y afirma que, aunque es poco discutido, el pago a periodistas es un hecho: “Cuando hay reuniones del Consejo Departamental de Desarrollo (Codede), que es cuando se reúne la mayoría de alcaldes, aparecen periodistas a montón, entrevistan en grupo y, cuando terminan, van hacia un rincón con la persona a la que entrevistaron. He visto que les dan dinero, aunque no sé la cantidad exacta”. 

José Sian, periodista comunitario de Sacatepéquez, dice que el soborno se ha enfocado en los últimos dos años en quienes tienen canales en redes sociales, mientras que el pago a los medios locales más tradicionales para lograr una cobertura favorable se hace a través de la pauta comercial.

“Hay blogueros que son bien recibidos por las autoridades municipales porque se dejan controlar, no cuestionan, no investigan y están a su merced”, dice. “Colegas que aceptan sobornos me han dicho que reciben de Q100 a Q200 (de US$12 a US$25) dependiendo del número de seguidores que tienen”, denuncia.

Iván Domínguez, reportero local de Coatepeque, Quetzaltenango, admite ser uno de los que recibe dinero. “Muchas veces no tenemos alternativas, Q200 (US$25) representan dos comidas al día, algunos tenemos hijos y lo que ganamos no alcanza”, se justifica.  

Domínguez ha ejercido el oficio por más de 19 años, y relata que la primera vez que recibió Q200 (US$25) fue de un diputado del Partido Patriota. “Después de una conferencia de prensa un colega me dio una revista de parte de ese funcionario, y cuando la abrí ya en las oficinas del canal encontré el dinero”, cuenta. 

“Entré en conflicto conmigo mismo esa primera vez”, dice, “pero vi que los otros compañeros también recibían, incluso que algunos piden, entonces se hizo costumbre. Lo que los funcionarios quieren es que no se les cuestione, que no se les fiscalice”. 

Recuerda que hace 15 años, cuando el hijo de un exdiputado de la UNE fue detenido por escándalo en la vía pública de su localidad, él fue uno de los periodistas que no dio la noticia porque recibía dinero del parlamentario. “Cuando el diputado llegó a la comisaría se dirigió a mí, colocó su mano en mi hombro izquierdo y susurró: ‘por favor, no publique este problema; si lo hace olvídese de lo que le doy’”.

“Me daba Q300 mensuales”, dice Domínguez.

Otro periodista de la cabecera de Quetzaltenango, que pide no dar su nombre y confiesa sentir vergüenza, cuenta que durante la pasada campaña electoral recibió de parte del alcalde Juan Fernando López alrededor de Q500 (US$65) por cada cobertura de una asamblea o mítin.

“Para nosotros que no tenemos la bendición de trabajar en medios donde paguen el sueldo mínimo o un poco más, es un aliciente contar con un apoyo económico extra”, se justifica. “Yo sé que con esto tengo limitantes, como no poder publicar notas que afecten la imagen del alcalde o no ahondar en temas que perjudiquen su administración, pero es lo que toca con tal de llevar el pan a la casa”.

Dice que su salario actual es de Q2,500 (unos US$317) al mes, y los meses que recibe “fafa” alcanza los Q3,500 (US$440).

El acuerdo gubernamental Número 640-95 de fecha 5 de diciembre de 1995, instituido por el entonces presidente de la república Ramiro de León Carpio, determinó un salario mínimo de Q2,625 para reporteros de periódico, de Q422.91 por emisión para radio-periodistas, con lo que los reporteros ganarían en teoría un sueldo de Q1,268.80 por tres emisiones diarias, y un total de Q2,400 al mes para reporteros de televisión por tres emisiones diarias. 

Mario Recinos Lima, exdirectivo de la Asociación de Periodistas de Guatemala, explica sin embargo que desde hace más de siete años los periodistas no cuentan con ese tipo de prestaciones laborales debido a que no están representados en la comisión paritaria que negocia salarios ante el Ministerio de Trabajo. “Ahora los periodistas hacemos más trabajo a destajo, nos pagan por nota y somos multimedios”, afirma. 

Rolando Gutiérrez, periodista de una televisora por cable de Sololá con siete años de experiencia, también recibe pago de funcionarios y se justifica con un argumento similar: “Donde trabajo solo me pagan Q2 mil (US$255) al mes, y la canasta básica está al doble. No es suficiente para sostener una familia. Por eso acepto regalos o invitaciones a comer de funcionarios públicos ”, comenta.

También acepta pagos en efectivo. “La primera vez que recibí fue de parte de un candidato a alcalde”, dice. “Fue por medio de otro compañero y al principio le reclamé, pero cuando mi mamá enfermó de gravedad y nadie me ayudó entendí que debía ajustar mi salario con el soborno”.

Ángel Rodas trabaja en Quetzaltenango para un medio de alcance nacional y asegura que el día de las elecciones el pasado junio vio a varios candidatos a la alcaldía de la cabecera dar dinero a reporteros para que les tomaran una fotografía o videos mientras emitían el voto. 

“Después de que los candidatos a la alcaldía y al congreso de los partidos Vamos, Victoria, UNE Cabal y Humanista llegaran a votar, posaron para la foto mostrando el dedo manchado, y después de las entrevistas pagaban. Estimo que unos Q100 (US$12) por cada reportero”, cuenta.

“Uno de los asistentes del candidato a diputado de Vamos llamó a uno de los colegas que estaba en la rueda de prensa, y le entregó el fajo de dinero que después repartió a otros colegas. Fueron siete personas aproximadamente.”, relata. 

Imagen del exalcalde de Momostenango, Boris Hernández Quiñonez, el día que tomó posesión al frente de la comuna el 15 de enero de 2016.

FOTO DE MIRNA ALVARADO – OJOCONMIPISTO

Gilberto Escobar, corresponsal del Diario La Hora en Totonicapán, dice que le ofrecieron Q500 (US$65) para no confrontar a la candidata presidencial del partido UNE, Sandra Torres. “El comité ejecutivo departamental de ese partido me invitó a una conferencia de prensa en un restaurante de la cabecera, fui un momento al baño y cuando regresé tenía dinero en el bolsillo de mi chaqueta”, dice. 

“Supe que había sido el organizador de la campaña en este departamento, porque era el único que estaba junto a mí. Al salir de la reunión le dije a uno de sus conocidos que me hiciera el favor de darle ese dinero que él ya sabía de qué se trataba, al anochecer me llamó disculpándose por su comportamiento”.

Elmer Sapón, integrante del comité ejecutivo de la UNE en ese departamento, reconoce que es una estrategia de los candidatos o sus jefes de campaña, con la cual pretenden asegurar la difusión de los pensamientos de los candidatos y evitar preguntas incómodas. 

“Se hace porque algunos candidatos no tienen la capacidad para hablar en público o desconocen temas”, confiesa Sapón. “Es para mejorar su imagen ante los electores. Pero la cantidad o el momento para hacer ese tipo de donaciones es iniciativa de cada persona, no es una norma o lineamiento que se deba seguir”, dice. 

El dirigente de la UNE dice que el dinero para pagar a periodistas –eso que él llama donaciones– proviene de las cuentas personales de los candidatos y por eso no se registra en los libros de contabilidad del partido. Alega también que son cantidades “mínimas” en comparación con otros gastos de campaña. “Por lo general se presupuestan de Q3,000 a Q5,000 durante la campaña, a veces sube, no sabría decir a cuanto”, dice. “Pero cuando es una estrategia propia del partido sí se registra, bajo el rubro de donaciones”. 

Mayra Zapeta, periodista freelance de Totonicapán, cuenta que no prestarse a los sobornos de alcaldes y otros funcionarios le ha costado la marginación. “En una oportunidad el exgobernador del gobierno anterior (partido FCN), dio dinero a otro compañero bajo el pretexto de la celebración del día del periodista. Al ver mi rechazo me ofreció trabajo en la gobernación, y el compañero que recibió el dinero me insistió para aceptar”. 

“Ya que no quiere el regalo, le puedo dar una plaza en relaciones públicas, trabaje conmigo”, dice Zapeda que le dijo el entonces gobernador. Tras aquella experiencia asegura que ha tenido dificultades para acceder a entrevistas con alcaldes, diputados y con el gobernador actual, del partido Vamos. Tampoco la toman en cuenta, dice, en las convocatorias para eventos. “Ocurrió para la feria de Totonicapán. No me avisaron de las actividades de elección de reinas, por ejemplo. Sobre todo porque también rechacé un soborno del alcalde Luis Herrera”, dice. 

“Eso fue el año pasado, en otra cobertura el asistente del alcalde se acercó a una compañera y le dio dinero. Dijo que era para que nos compraramos un ceviche, ‘muchas gracias, pero a mí no me gusta el ceviche y no tengo hambre’, le dije. Pero desde entonces me eliminaron del grupo de WhatsApp de la municipalidad de Totonicapán”, cuenta. “También me sacaron de los grupos de chat de prensa de la gobernación”.

El presidente de la APQ, Mynor Toc, relata algo similar: “Al no pertenecer al grupo que recibe fafa de parte del alcalde de Quetzaltenango, varios colegas no tenemos acceso libre para cuestionar. Si preguntamos algo incómodo, quienes están a su favor intervienen para distraer y evitar que insistamos”, dice.

Aquellos que rechazan recibir sobornos también se enfrentan a agresiones, intimidaciones y cierto desprestigio. La red Rompiendo El Miedo, un colectivo de organizaciones con sede en la Ciudad de Guatemala que se dedica a la prevención y atención de casos de violencia contra periodistas, comunicadores sociales y comunitarios, ha tenido conocimiento de más de 150 casos en los que periodistas independientes son amenazados por funcionarios. 

Una cuarta parte se atribuye a que se resisten a recibir sobornos, según consta en las denuncias hechas por los reporteros. “A los funcionarios se les hace fácil pagar a los periodistas o a los medios de comunicación para que no lo critiquen”, lamenta Evelyn Blanck, integrante de la red. 

Quimy de León, directora y fundadora de Prensa Comunitaria, refiere que en 2015 se realizó un análisis sobre el papel de los medios en la criminalización de la lucha por el territorio en el departamento de Huehuetenango. El resultado del estudio, que incluyó la revisión minuciosa del contenido de cada medio de comunicación y entrevistas de campo con periodistas, fue que el tema no aparecía en la agenda porque chocaba con los intereses publicitarios y personales de los informadores. 

Un periodista de Huehuetenango que pide anonimato por temor a represalias, lo resume: “Aquí, como en otros lugares, hay influencia de las autoridades en los medios y en los periodistas. En la municipalidad de la cabecera departamental, el alcalde Gustavo Cano, del partido Vamos, hace pagos de Q200 a Q500 (US$25 a US$65) a cada periodista por cobertura”, asegura. “Quienes no vamos en esa línea somos marginados. No nos dan información y estamos en riesgo de amenazas e intimidaciones porque nos identifican fácilmente”.

El jueves 21 de diciembre se llamó al teléfono de la municipalidad de Huehuetenango para obtener la versión de Gustavo Cano, pero al no obtener respuesta se llamó al número personal del alcalde. Contestó una persona que dijo ser del equipo de relaciones públicas de la municipalidad pero no quiso dar su nombre, e indicó que Cano se encontraba en una actividad oficial y no podía atender el teléfono. “Una vez se desocupe le devolveremos la llamada”, dijo. Nunca sucedió. En los días sucesivos se volvió a llamar a ese mismo número cuatro veces, pero no se obtuvo respuesta.

Quimy de León recuerda el acoso que vivió su corresponsal en Izabal en febrero de 2021, tras publicar sobre los allanamientos del Ministerio Público a la vivienda del director de la empresa eléctrica municipal de Puerto Barrios, Jonathan Alex Estrada Martínez. La periodista detalló que en el operativo se encontraron celulares que, según los fiscales, se usaron para cobrar el Bono Familia, un apoyo económico gubernamental en teoría destinado a población afectada por la pandemia de coronavirus.

“Recibió amenazas y su oficina, que se ubica en el Centro San Martín de Porres, fue allanada por desconocidos. Encontramos también campañas de desprestigio en redes sociales. Se hicieron las verificaciones correspondientes y establecimos que esas páginas eran manejadas por reporteros de la localidad”, denuncia De León. La información fue trasladada al Ministerio Público”, cuenta.

A dos años de las denuncias, el Ministerio Público no ha avanzado en las averiguaciones. La reportera que recibió las amenazas, que pide anonimato, se queja de la falta de resultados tras la denuncia: .“El caso se encuentra abierto pero estancado. Me dicen que investigan, pero no he sido notificada de los avances”, explicó la corresponsal de Prensa Comunitaria.

Moisés Ortíz, relacionista público del Ministerio Público, alega que desde que se tuvo conocimiento del hecho “se iniciaron las averiguaciones respectivas”. “Se realizó inspección del inmueble, la búsqueda de cámaras de video vigilancia y la recopilación de declaraciones testimoniales”, asegura. “Se tuvo constante comunicación con las autoridades a cargo del referido centro de estudios con la finalidad de obtener información que coadyuvará a fortalecer la investigación”. Ortiz asegura que el caso continúa abierto.

Este reportaje se desarrolló con fondos del International Center for Journalists (ICFJ) y contó con el soporte y acompañamiento de la Red Centroamericana de Periodistas y el movimiento NoNosCallarán.