Arévalo y la lucha contra el sistema
El director de Acción Ciudadana, Manfredo Marroquín, sostiene que existe, “un intento permanente llevado a cabo por lo que llamamos en Guatemala, el Pacto de Corruptos, dirigido por el mismo presidente Giammattei, para impedir que asuma el gobierno que ganó las elecciones”.
Asegura que “están utilizando al Ministerio Público como herramienta legal para construir casos con el fin de impedir que asuma el cargo un nuevo presidente, el más votado en las elecciones pasadas”.
Considera que es muy difícil que se materialice un golpe de Estado, a pesar de que “el Pacto de Corruptos, con todas las instituciones y poderes del Estado cooptadas, tiene la capacidad de actuar de esa forma. “Es muy difícil primero que lo concreten, porque a nivel nacional e internacional hay un consenso unánime de rechazar ese intento”, argumenta.
Marroquín refiere que “en caso lo dieran, no veo que se puedan mantener el poder durante 48 horas, porque Guatemala quedaría totalmente aislada, mientras que las élites tradicionales perderían muchísimo con un escenario como este, sobre todo la élite económica”.
El excanciller, Édgar Gutiérrez plantea dos posibles escenarios en la coyuntura actual del país. El primero es hablar del “golpe de Estado” lo cual sería “catastrófico” pues implicaría sanciones en contra de Guatemala a nivel internacional.
“En este escenario, se impide la transmisión de mando como lo ordena la Constitución el 14 de enero, e inmediatamente Guatemala se convierte en un Estado paria. Esto significa que es expulsado del Sistema Interamericano, es objeto de sanciones, no solo individuales, sino como país, sanciones comerciales, financieras, etc.”, explica.
Édgar Gutiérrez, excanciller de guatemala
Agrega que el golpe de Estado no sería viable debido a la “dependencia de Guatemala respecto de Estados Unidos y de la Unión Europea. “Podría ocurrir el golpe, pero no se sostiene, sería un escenario catastrófico para el país, habría muchas pérdidas económicas. Ahora se ha visto en las noticias que los bonos de Guatemala perdieron menos de un punto por los hechos del viernes 8 de diciembre (declaraciones de Curruchiche en torno a la posibilidad de anular las elecciones). Solo eso representa para el país un costo de US$250 millones en pago de intereses y una pérdida neta de US$300 millones”, enfatiza.
El otro escenario que avizora es la toma de posesión de Arévalo el 14 de enero, lo cual a su criterio representa grandes desafíos para el presidente electo. “Ganar gobernabilidad, empezando por el Congreso, las Cortes y la Fiscalía, Arévalo no será fácil. Dependería más de su capacidad y habilidad de construir mayorías en el Congreso y neutralizar las acciones punitivas del MP”, asegura.
El diplomático resalta que “con lo que ha actuado la fiscal general, Consuelo Porras, hasta ahora, Arévalo ya tendría argumentos para exigir su renuncia, pues atenta contra el Estado de Derecho, incumple con sus obligaciones y abusa de su autoridad”.
Según el exconstituyente Aquiles Faillace, “las consecuencias para quienes ejercen presiones (respecto de las elecciones) se aplican en el ámbito penal porque la ley es muy clara al establecer que los funcionarios tienen responsabilidad de 20 años sobre lo que hagan”. “Atentar contra las elecciones es un delito serio, y también para los particulares que están apoyando esa posición”, argumenta.
El exconstituyente refiere que “lo que se viene es una explosión de juicios penales, aunque los mismos no pueden afectar el resultado electoral. “La democracia estará en riesgo debido a estos berrinches tipo Donald Trump en Estados Unidos, de no reconocer la derrota”, enfatiza.