La Red Centroamericana de Periodistas (RCP) expresa su profunda preocupación ante las amenazas, actos de vigilancia, hostigamiento policial y ataques digitales que enfrentan periodistas y medios de comunicación en Honduras. Estos hechos evidencian un entorno cada vez más adverso para el ejercicio periodístico y ponen en riesgo el derecho de la sociedad hondureña a recibir información sobre asuntos de interés público.
Uno de los casos más graves fue denunciado por el equipo de ICN Investiga. Un periodista de su unidad investigativa recibió amenazas de muerte y un ultimátum de 72 horas para retirar una serie de reportajes relacionados con una presunta red de distribución de medicamentos utilizados para abortos mediante WhatsApp y otras plataformas digitales.
Los mensajes amenazantes contenían información sobre sus horarios, desplazamientos habituales y movimientos, además de fotografías personales. Estos elementos evidencian posibles acciones de vigilancia dirigidas a intimidarlo, obligarlo a retirar información ya publicada e impedir que continúe investigando el caso.
Las amenazas de muerte vinculadas directamente con una investigación periodística constituyen una de las formas más graves de violencia contra la prensa. Además,este tipo de actos generan un efecto intimidatorio sobre otros periodistas y medios que investigan temas sensibles, casos de corrupción y otras actividades ilícitas.
La RCP también ha conocido la denuncia de la comunicadora social Bertha Suazo, quien ejerce su labor en Marcala, departamento de La Paz, y ha reportado actos de persecución y hostigamiento por parte de integrantes de la Policía Nacional Preventiva. La comunicadora ha señalado que esta situación obstaculiza su trabajo informativo y se agrava por el presunto incumplimiento de las medidas de protección que deberían garantizarle condiciones seguras para continuar ejerciendo su labor.
Este caso refleja los riesgos particulares que enfrentan periodistas y comunicadores que trabajan fuera de los principales centros urbanos. En estos territorios, la cercanía con las autoridades denunciadas, la limitada presencia de instituciones de protección y la falta de respuestas oportunas pueden incrementar la vulnerabilidad de quienes informan sobre asuntos locales.
A estas agresiones se suma una serie de restricciones digitales contra los medios independientes Contracorriente y Criterio.hn. La RCP documentó que publicaciones originales de ambos medios fueron retiradas de Facebook, Instagram y Threads después de recibir reclamos presuntamente falsos por supuestas infracciones a derechos de autor.
En el caso de Contracorriente, 33 investigaciones fueron reportadas en un periodo de tres días, lo que provocó la suspensión temporal de su cuenta de Instagram. Los contenidos afectados abordaban asuntos de interés público, entre ellos corrupción, decisiones gubernamentales, conflictos territoriales, derechos humanos y problemáticas que afectan a mujeres, comunidades garífunas y población LGBTIQ+.
Criterio.hn también denunció la eliminación de su cuenta en Threads y el retiro de decenas de publicaciones en Instagram y Facebook, pese a que, según el medio, se trata de contenido original producido por su equipo periodístico. Las publicaciones afectadas abordan asuntos de relevancia pública como corrupción, comunidades garífunas, la tarifa de energía y decisiones del Gobierno y del Congreso Nacional.
Los medios iniciaron los procedimientos de apelación correspondientes. Sin embargo, la reiteración de reclamos contra contenidos propios y la afectación simultánea de varias de sus cuentas muestran cómo los mecanismos de denuncia de las plataformas pueden ser utilizados para reducir el alcance de información crítica y obstaculizar el trabajo de medios independientes.
La utilización coordinada o abusiva de los sistemas de denuncia de las plataformas digitales para eliminar contenidos periodísticos puede convertirse en una forma de censura indirecta. Además de afectar a los medios y limitar sus canales de difusión, estas acciones restringen el acceso de la ciudadanía a información relevante para la deliberación pública y la rendición de cuentas.
La RCP recuerda que las empresas propietarias de plataformas digitales deben contar con procedimientos transparentes, accesibles y oportunos para revisar reclamos, identificar posibles abusos y restituir contenidos eliminados de manera injustificada. La protección de la propiedad intelectual no debe utilizarse como pretexto para silenciar investigaciones periodísticas, ni información legítima de interés público.
En medio de este escenario, la RCP considera relevante el inicio del proceso judicial contra el general en condición de retiro Roosevelt Hernández, exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y exsecretario de Defensa de Honduras, por los presuntos delitos de incitación a la discriminación y limitación o impedimento de determinados derechos fundamentales.
El proceso se originó a partir del requerimiento fiscal presentado el 29 de julio por el Ministerio Público y avanzó el 19 de agosto con la celebración de la audiencia de declaración de imputado, en la que Hernández compareció ante el órgano jurisdiccional para conocer formalmente los hechos y delitos que le atribuye la Fiscalía.
La acción fiscal se relaciona con publicaciones y declaraciones realizadas durante 2025 contra periodistas hondureños, incluido el uso de la expresión “sicarios de la verdad” desde un medio oficial de las Fuerzas Armadas. El expediente incorpora como personas afectadas a los periodistas Rodrigo Wong Arévalo, Dagoberto Rodríguez, José Adán López y Juan Carlos Sierra.
El desarrollo de esta primera audiencia representa el inicio formal de una etapa judicial en un caso relacionado con posibles ataques contra la libertad de prensa desde una institución estatal. Corresponderá ahora a los órganos de justicia determinar, con base en las pruebas presentadas y las garantías procesales, la responsabilidad que pudiera derivarse de los hechos investigados.
La RCP espera que el proceso continúe con independencia, transparencia y celeridad. Investigar posibles abusos cometidos desde instituciones estatales es indispensable para combatir la impunidad y establecer que ningún cargo público puede utilizarse para estigmatizar, intimidar o poner en riesgo a periodistas por el contenido de su trabajo.
Ante estos hechos, la Red Centroamericana de Periodistas:
- Condena las amenazas de muerte, la vigilancia, el hostigamiento policial y las acciones de censura digital dirigidas contra periodistas, comunicadores y medios de comunicación en Honduras.
- Exige al Ministerio Público, la Secretaría de Seguridad y a la Policía Nacional investigar de manera inmediata, independiente y diligente las amenazas contra el periodista de ICN Investiga y la comunicadora Bertha Suazo, tomando en cuenta la posible relación con el trabajo periodístico y adoptar las medidas para identificar y sancionar a todas las personas responsables.
- Demanda al Mecanismo Nacional de Protección realizar evaluaciones de riesgo oportunas y adoptar, con la participación y consentimiento de las personas beneficiarias, medidas efectivas y adecuadas a sus condiciones territoriales, profesionales y personales.
- Exhorta a Meta a investigar el uso abusivo y presuntamente coordinado de sus mecanismos de denuncia contra Contracorriente y Criterio.hnrestituir de forma expedita los contenidos periodísticos retirados injustificadamente y garantizar procedimientos de apelación transparentes y efectivos.
- Solicita al Poder Judicial garantizar que el proceso contra Roosevelt Hernández se desarrolle sin presiones ni interferencias, con independencia, celeridad, transparencia y pleno respeto de las garantías procesales de todas las partes.
- Solicita a la comunidad internacional, cuerpo diplomático y organismos de derechos humanos mantener una vigilancia activa sobre la situación de la libertad de prensa en Honduras y exhortar al Estado a cumplir sus obligaciones internacionales.
La Red Centroamericana de Periodistas expresa su solidaridad con las personas periodistas, comunicadoras y medios afectados, y continuará documentando y denunciando las agresiones que buscan silenciar al periodismo en Honduras.
Centroamérica, 24 de agosto de 2026
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