Por Cindy Espina – Plaza Pública
Tapachula, la segunda ciudad más importante de Chiapas, que desde inicios del siglo XXI se reforzó con la implementación de la política migratoria estadounidense más allá del desierto y el río Grande. Hoy refleja las consecuencias del endurecimiento de las políticas de migración y refugio en Estados Unidos: una disminución en los flujos que antes se dirigían del sur al norte, y una reconfiguración en las estrategias de las personas migrantes y refugiadas, que han transformado su camino en una espera casi eterna, llena de etapas, para alcanzar su destino en el norte.
El albergue Jesús El Buen Pastor, ubicado al norte de la ciudad de Tapachula, Chiapas, es un lugar que no se reconoce, y no por su infraestructura, sino por sus ausencias. Hace ocho meses, o hace un año, no había un espacio que no estuviera ocupado por personas migrantes y refugiadas que encontraban en ese lugar un resguardo. La realidad actual es diferente. En una habitación de 11 camas, ese día, miércoles 24 de septiembre de 2025, solo una se encuentra ocupada; el resto de camas están vacías. En esa cama descansa Mayra García, una mujer hondureña de 36 años, quien en ese momento se siente un poco enferma. Tiene síntomas de gripe y gotas de sudor corren por su frente, pero no sabe si es por el resfriado que se asoma o por los 37 grados que envuelven Tapachula a las 11:30 de la mañana, aunque dice que, ese día, debido a las lluvias, el calor no se siente “tan fuerte”.
Mayra salió de Honduras el 21 de julio de 2025, desde la terminal de buses de San Pedro Sula, hacia Guatemala. Pero cuando se subió al autobús supo que todo era diferente, el transporte iba casi vacío, y recordó la primera vez que intentó migrar hacia Estados Unidos (EE.UU.) hace cuatro años, en 2021. Dice que, en esa ocasión, el bus iba lleno, que incluso algunas personas iban de pie y todas tenían como destino intentar cruzar Guatemala para llegar a Tapachula. Esta vez, apenas unas cinco personas compartían ese destino.
Asegura que su tránsito por Guatemala estuvo “tranquilo”, pero cuando llegó al río Suchiate todo se complicó. Aunque cruzó el río en una balsa sin ninguna dificultad, ella y su amiga, quien la fue a recoger al cruce fronterizo, fueron estafadas por un taxista. Dice que el conductor les cobró el viaje completo desde la frontera de Ciudad Hidalgo hasta Tapachula, un trayecto de 38 kilómetros, pero las dejó cuando apenas habían recorrido unos cinco, antes de pasar el primer retén que el Ejército Mexicano y el Instituto Nacional de Migración mantienen en la carretera. Ese día caminó nueve horas junto a su amiga, quien, pese a contar con residencia por razones humanitarias, decidió acompañarla.
El 23 de julio, por la noche y con los pies llenos de ampollas, llegó al albergue Jesús El Buen Pastor, un lugar que desde 1974 ha servido de cobijo para personas migrantes y refugiadas que transitan por Tapachula rumbo a Estados Unidos. Está ubicado en una zona que se encuentra a 20 minutos en auto del centro urbano de Tapachula, cercano a las afueras de la ciudad, a orilla de una carretera que prevalece poco transitada la mayor parte del día. Es un lugar desolado, con pocas viviendas alrededor y grandes bodegas de almacenamiento.
Hace un año atendían hasta mil setecientas personas diarias, cuenta su coordinador, Herberth Bermúdez, un hombre migrante, mexicano de origen salvadoreño, mientras muestra la nueva infraestructura que ha construido: los baños, el comedor donde podrían comer cien personas al mismo tiempo y un nuevo taller de panadería. Actualmente, el albergue Jesús El Buen Pastor acoge a unas cien personas. Herberth no baja la guardia: el lugar se ha convertido en un refugio para quienes, como Mayra, reconfiguran su ruta migratoria ante las políticas restrictivas y antimigratorias implementadas durante el gobierno de Donald Trump, cuyas repercusiones aún se sienten desde el norte hasta el sur de México, como una extensión de la frontera estadounidense.
En el albergue El Buen Pastor en Tapachula los ingresos han disminuido en más de un 90 por ciento. / José Torres
Un albergue que protege de una ciudad cárcel
En 2021, el año en que Mayra intentó migrar por primera vez junto a cinco amigos, Tapachula empezó a ser conocida como una ciudad cárcel. Así la nombraron medios, organizaciones humanitarias y académicos, al documentar decenas de retenes migratorios rumbo al norte de México, las constantes redadas y la lentitud del proceso para obtener el reconocimiento de la condición de refugiado.
“Era imposible salir”, recuerda Mayra. En esa primera experiencia apenas logró trabajar unos días en comercios de venta de productos del centro de Tapachula. “No me pagaban bien”, dice. Después de veinte días decidió regresar a Honduras.
Esta vez no puede volver. Aunque Tapachula sigue pareciéndole una cárcel, ha aprendido a moverse dentro de sus límites. Dice que conoce poco Tapachula, pero que sus recuerdos no coinciden con lo que ve ahora, porque esta vez es una ciudad diferente.
La diferencia se nota en los números: según la Unidad de Política Migratoria del INM, entre julio de 2024 y julio de 2025 las detenciones de personas migrantes en “situación irregular” disminuyeron un 92.82%. Pero también la puede ver en el centro de la ciudad cuando va a recoger la remesa; ya no hace largas filas y la espera para ser atendida es menor cuando asiste a solicitar apoyo a alguna organización para que le apoye con su proceso migratorio. El resto de personas lo ven en “las cuarterías”, casas donde rentaban cuartos cerca del centro de la ciudad, que ahora se encuentran vacías.
Crédito de gráfica: Rafael Martínez/ Red Centroamericana de Periodistas.
Mayra migró pese a las advertencias. Su pareja, que logró llegar a Estados Unidos hace un año, le pidió que no lo hiciera: “Nadie está pasando”, le dijo. En TikTok (la red social que más usa) había visto videos de redadas del ICE en ciudades estadounidenses. “Yo todo eso lo miraba, pero dije: que sea la voluntad de Dios… es que yo ya no aguantaba”, cuenta, elevando el tono al final de la frase.
Mientras los mecanismos de protección internacional en EE.UU. se desvanecen, las causas del desplazamiento en Centroamérica siguen intactas. Mayra vivía en Tela, un municipio costero al norte de Honduras, donde la pandilla MS-13 “ha establecido una sólida base de operaciones”, según cita una investigación de Insight Crime. Durante meses fue acosada por un pandillero que, desde distintos números telefónicos, le exigía tener relaciones sexuales. Las amenazas se volvieron cada vez más frecuentes. “Ya no podía más”, dice, “por eso me fui”.
Cuando compartió su historia, Mayra llevaba apenas un mes y medio desde que acudió a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) para solicitar refugio. “Esta vez fue rápido”, dice, “solo me tomó veinte minutos para que me atendieran”. Cuatro años antes, la experiencia había sido muy distinta: “Tuve que hacer fila casi un día entero… hasta dormí ahí”. Se solicitó una entrevista a los encargados de prensa de la COMAR, pero hasta el cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta.
Aunque el trámite inicial fue ágil, el proceso para obtener una resolución sigue siendo largo. Por ahora, solo llenó un formulario con sus datos. En tres meses recibirá un correo con la fecha de la cita para la entrevista de “temor creíble”, que puede realizarse en unos días o tardar hasta tres meses más. Después deberá acudir cada quince días a firmar en las oficinas de la COMAR, mientras espera una resolución que podría demorar hasta un año.
“Voy a ajustar los tres meses y si no me mandan el correo, voy a volver a ir. Yo no tengo prisa. Ahorita está lento, porque sé de gente que ya lleva 18 firmas (unos nueve meses) y no les han avisado nada”, dice Mayra, con preocupación por el tiempo que tendrá que esperar en Tapachula. Mientras tanto, ha encontrado en el albergue Jesús El Buen Pastor un resguardo frente a la política de deportación de México. Le han advertido que no salga mucho, porque el INM ha incrementado las redadas para detener a personas migrantes en la ciudad.
Sale de vez en cuando a trabajar en la limpieza de casas, pero por ahora prefiere quedarse en el albergue, mientras obtiene algún documento que acredite que tiene un proceso activo en la COMAR, lo que podría evitar su deportación a Honduras. Actualmente es la encargada de preparar el desayuno, el almuerzo y la cena en el albergue, tres o cuatro días por semana. “Me toca un día sí y otro no, porque hay muy pocas mujeres en el albergue y la mayoría se va a trabajar a las plataneras o a las tiendas del centro”, explica.
Tapachula no es la ciudad que Mayra conoció la primera vez que migró. Ahora la habita con calma, con miedo y con la esperanza intacta de que en su correo aparezca el mensaje de la COMAR. Mientras tanto, su vida se mide en turnos de cocina; una forma de resistir al encierro de una ciudad es un espacio de contención, de espera, que de nuevo la llaman cárcel.
La Tapachula que no se reconoce a sí misma
Mientras Mayra García se resguarda en un albergue, temerosa de una posible detención durante los operativos conjuntos del INM y otras fuerzas de seguridad, Tapachula parece otra ciudad. La diferencia se percibe en el vacío: en la ausencia de las miles de personas migrantes extranjeras que solían llegar y habitar sus calles.
Esa Tapachula “distinta”, como la describen algunas personas, se explica desde las orillas del río Suchiate, entre Ciudad Hidalgo, en México, y Tecún Umán, en Guatemala. En esa corriente rápida, que debido a la temporada de lluvias su caudal es más profundo, se reflejan tanto los datos del INM como las ausencias que ahora marcan el paisaje urbano tapachulteco.
En el Suchiate, las mañanas ya no son las mismas para los balseros. José Luis, originario de Honduras, vive del cruce fronterizo en balsa desde hace más de veinte años. Ha visto pasar a centenares de personas de Centroamérica, Venezuela, Colombia, Haití, China y de distintos países del continente africano. Pero hoy, mientras espera más de media hora su turno de servicio, dice que es “raro” ver cruzar a muchos migrantes en un solo día.
“Desde enero ha bajado el número de clientes (las personas migrantes). Ahora cruzan más que nada para ir a comprar a Tapachula o Ciudad Hidalgo”, cuenta. Antes los turnos no tardaban: apenas una balsa salía, otra ya estaba cargando pasajeros. Ahora, la espera puede durar varios minutos y los balseros activos apenas superan la decena.
El río confirma sus palabras. De las cinco balsas que se mueven simultáneamente sobre el Suchiate, solo una traslada a un pequeño grupo de personas haitianas. En ese mismo lugar, en mayo de 2024, las organizaciones humanitarias reportaban la atención de hasta 400 personas al día.
Pasado el mediodía, unos metros más arriba de la orilla, el puesto de control del INM y la Guardia Nacional mexicana luce inusualmente tranquilo: ningún detenido. Los agentes, sin mayor tarea, se concentran en comprar su comida.
A lo largo de la carretera hacia Tapachula, la escena se repite: retenes de la Guardia Nacional y del INM vacíos. En la ciudad, la imagen cambia ligeramente. En el parque central Miguel Hidalgo, todavía llegan algunas personas migrantes, aunque este movimiento dista mucho del de otros años. En ese momento un grupo de personas haitianas, recién llegadas, se acomodan bajo la poca sombra que hay en el parque central. Llevan consigo solo sus mochilas, sus únicas maletas.
“Lo que estamos viendo ahora es parecido a lo que ocurría antes de las caravanas de 2018. No sé si decir ‘invisible’, pero las personas siguen llegando, aunque en menor cantidad”, explica Mavi Cruz, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, una organización con 27 años de labor humanitaria en Tapachula. “Las personas migran aunque las políticas sean antimigratorias. No piensan en eso cuando salen de sus países buscando seguridad.”
Mavi Cruz recuerda que el control migratorio en el sur de México se ha venido consolidando desde hace casi dos décadas. En 2006 se construyó la estación migratoria Siglo XXI (un centro de detención y cárcel migratoria) y en 2014 se implementó el Plan Integral de la Frontera Sur, que extendió los controles a lo largo de la carretera hacia el centro del país.
Aunque los movimientos migratorios han disminuido, los “19 retenes” sobre esa ruta siguen instalados. “Las restricciones para la movilidad no han cambiado”, señala Cruz, “pero sí hemos visto un debilitamiento de la COMAR, con menos financiamiento y más demoras”. Si antes las respuestas ya tardaban más de lo permitido en la ley, ahora tardan todavía más. Y mientras tanto, crecen los servicios privados de trámites que ponen en riesgo a las personas refugiadas. Eso amplía las redes de corrupción institucional.”
Mientras las políticas restrictivas mantienen a mujeres como Mayra en espera de ser reconocidas como refugiadas por el Estado mexicano, los empresarios locales enfrentan sus propias contradicciones. El empresario Aníbal Núñez, un hondureño que llegó a Tapachula hace tres décadas y hoy es secretario de la Asociación de Propietarios y Empresarios del Centro, lo resume con crudeza: “Esta ciudad le tiene fobia a las personas extranjeras.”
Esa fobia, dice, ahora se devuelve como un boomerang. Con menos personas migrantes y con la disminución de compradores guatemaltecos, la economía local se resiente. “Estamos discutiendo justamente eso en la Asociación: cómo la migración beneficiaba económicamente a la ciudad.”
Aníbal habla desde una pequeña parada de autobuses colectivos, donde espera su turno para salir en ruta. Maneja tres veces por semana para compensar las bajas ventas en su negocio de decoraciones para fiestas. “He perdido más del 40 por ciento de las ventas”, dice.
Cree que Tapachula es una de las ciudades más caras de México. No lo afirma con datos, sino con el testimonio de un amigo cubano que paga 13 mil pesos (unos 165 dólares) al mes por una casa alejada del centro. “Aquí todo se encareció porque se hizo negocio con los migrantes. Ellos, por necesidad, lo pagaban. Pero ahora ya no hay muchos, ya no vienen y los precios se quedaron arriba.”
Mientras habla, recuerda la Tapachula que encontró cuando llegó: “Antes no se conseguía plátano macho verde ni yuca”, dice. Hoy, gracias a la diversidad de personas que han transitado y llegado a la ciudad, los mercados están llenos de esos productos.
Tapachula es también una ciudad donde se encuentra comida de múltiples lugares: puestos de pupusas salvadoreñas, baleadas hondureñas, comida cubana, haitiana, africana y, sobre todo, china. Algunos, en tono de broma, la llaman “la comida típica” local. Pero es más que una broma: es la huella de las migraciones chinas de finales del siglo XIX, cuando trabajadores llegaban a las costas del Soconusco (donde hoy se asienta la ciudad) para laborar en los cafetales y en el ferrocarril.
Tapachula, la misma que se transformó con los movimientos migratorios por décadas, parece hoy reconocerse menos a sí misma.
Las nuevas estrategias de las personas migrantes
Al día siguiente, el jueves 25 de septiembre, con descanso y los síntomas de gripe casi ausentes, Mayra se prepara para hacer el almuerzo. Cuenta que se levantó a las 5:30 de la mañana para preparar avena y tortas de huevo con chorizo, el desayuno de las y los huéspedes del albergue antes de que salieran a trabajar.
Tiene dificultades para encender la estufa y, ante su intento fallido, otras dos mujeres, una guatemalteca y otra hondureña, llegan en su auxilio. Mientras pican tomates, ponen a hervir el agua y fríen el arroz, la conversación fluye entre los vapores de la cocina. Hablan de muchos temas, pero el principal es cuál es la mejor ruta para llegar a EE.UU.
Mayra lo tiene claro: esperará su proceso ante la COMAR y, solo cuando obtenga los “papeles” (la residencia permanente otorgada a través del reconocimiento de la condición de refugiada), se moverá hacia el norte. Su destino ideal es Monterrey, en Nuevo León, donde, según le han dicho, los trabajos están mejor pagados. De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Nuevo León ocupa el tercer lugar entre los estados con mejores salarios en México, mientras que Chiapas está en el último puesto.
Su plan es sencillo: avanzar poco a poco. No le importa cuánto tiempo le tome; por ahora puede sobrevivir en Tapachula con el apoyo del albergue y de su compañero.
Mientras busca la pasta para hervir, porque ese día preparará pasta con salsa roja, Mayra comenta que ha escuchado de rutas terrestres y marítimas, pero no quiere tomarlas. “No son seguras, menos para una mujer”, dice. Su intención es llegar al norte de México y esperar allí una oportunidad para cruzar hacia EE.UU.
“Algunos coyotes me han dicho que me cobran siete mil dólares para cruzarme desde Ciudad Juárez hasta Oregón, pero no quiero. No es seguro ahorita”, explica, y luego sentencia con serenidad: “Pues voy a esperar, paciencia tengo”. La conversación, sin aviso, cambia de rumbo y se vuelve más personal, sobre su vida sentimental.
América Pérez, coordinadora del Servicio Jesuita a Refugiados (JRS, por sus siglas en inglés), explica que las dinámicas migratorias han cambiado drásticamente. “Ahora muchas personas planean quedarse en México por unos cuatro años, ya sea en la Ciudad de México o en estados del norte, pero siempre con la esperanza de entrar a Estados Unidos”, detalla.
Esa estrategia de esperar, estabilizarse, acumular recursos y moverse poco a poco se ha convertido en una nueva forma de migrar. Pero no es la única. Las caravanas siguen siendo, además de una vía de desplazamiento colectivo, una forma de protesta ante las trabas impuestas por la COMAR, que impiden a muchas personas refugiadas obtener documentos para movilizarse y trabajar en México.
El 1 de octubre salió la última caravana, con alrededor de mil quinientas personas. Su objetivo no era cruzar la frontera norte, sino llegar a la Ciudad de México, trabajar y agilizar sus procesos ante la COMAR.
ACNUR, la Agencia de la ONU para las personas refugiadas, ha aplicado 1,490 encuestas en lo que va de 2025 a población que ingresó de manera irregular a México. De manera preliminar, emitieron resultados, los cuales recabaron información de 3,016 personas de más de 15 países, por lo que destacan que el 66% de las personas encuestadas mencionó a México como destino, mientras que solo un 31% mencionó Estados Unidos. El 73% de estas personas reportó no contar con documentos migratorios del sistema de asilo mexicano.
Mavi Cruz, del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, y América Pérez, del JRS, coinciden en que también podrían estarse reactivando rutas marítimas. Son trayectos peligrosos: desde las costas del Pacífico en Chiapas hacia Oaxaca, una ruta más corta hacia el centro del país, pero plagada de riesgos. Investigaciones del diario El País México y denuncias de familiares revelan que al menos 64 personas migrantes desaparecieron entre septiembre y diciembre de 2024 mientras intentaban recorrer esa vía.
Aunque los canales formales para avanzar en los procesos migratorios se cierran cada vez más, tanto Cruz como Pérez sostienen que las rutas menos controladas y mucho más peligrosas siguen existiendo. “Que haya menos personas migrando no significa que ya no haya migrantes”, subraya Mavi Cruz. “Siguen ahí, pero son más invisibles y esa invisibilidad los deja en mayor riesgo.”
En tanto, en el albergue El Buen Pastor, una familia venezolana de cinco integrantes llega a pedir resguardo y cobijo. En la cocina, Mayra sigue conversando sobre su vida, sobre sus planes a futuro con su pareja en Estados Unidos y sobre sus recuerdos. Los del sabor y olor del pescado frito, su comida favorita en Honduras.
